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Que la paz no nos cueste la vida

Que la paz no nos cueste la vida

Hace cuatro años, en un momento memorable para la historia de Colombia se firmaban los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, la más antigua de Latinoamérica. 

Un punto de inflexión para empezar un nuevo capítulo después de más de cincuenta años de conflicto armado. Sin embargo, la firma de un documento es solo la fotografía instantánea de un proceso que debe seguir después: el cumplimiento de dichos acuerdos. 

Hoy, con el informe presentado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas se hace necesario hacer público, eco y seguimiento a los hallazgos de este reporte porque pareciera que la paz nos está costando la vida.

Desde ese noviembre del 2016 han sido asesinados 248 excombatientes, hombres y mujeres que de forma valiente decidieron apostarle a este nuevo camino, y más de 1091* líderes sociales defensores de la vida en todas sus formas. Y es que es casi como si en un mismo año desaparecieran cada día una persona que creyó en la paz. 

Así la principal amenaza a la implementación del Acuerdo es la violencia contra los excombatientes, gran parte de ellos vinculados a programas de reinserción, trabajo social o proyectos productivos rurales y cuya desaparición no tiene un autor claro y queda atribuida a disidentes de las FARC, paramilitares o narcotraficantes, gatillos sin nombre pero con la clara intención de perpetuar la guerra. 

Es por esto que la seguridad de los excombatientes y líderes sociales debe ser nuestra prioridad como sociedad, como colombianos que queremos y le apostamos a la construcción de una cultura de paz. Apoyamos el llamado de la  Misión de Verificación de la ONU en Colombia, motivamos a la ciudadanía para que juntos seamos garantes para la no repetición y que protejamos la vida de quienes eligieron la paz. 

También pedimos al Gobierno más agilidad en la implementación del fondo de tierras y que promueva la pluralidad política y espacio para la oposición para que nunca se vuelva a mezclar la política con las armas y les solicitamos celeridad en la dotación presupuestal para la Unidad Nacional de Protección (UNP) y respuesta efectiva a las solicitudes de protección a la misma; cumplir con las medidas para asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación y dar garantìas a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los ETCR, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación;  fortalecer los PDET, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial,  el Programa de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios y el Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). 

Por esas 13.000 personas que ya no quieren ser autoras de la guerra, por las nuevas generaciones que merecen un país donde no se escriban amenazas en las paredes de los pueblos, donde no se desaparezcan a los padres y madres de niños pequeños, donde la defensa de la vida no sea un llamado a la muerte.

Por esa Colombia es que trabajamos hace 15 años en la Fundación Mi Sangre. Cruzamos todas las regiones y paisajes, y de la mano de niños, niñas y jóvenes construimos una nueva realidad en la que ellos son los líderes del cambio. Prevenimos violencias desde las raíces más profundas para no quedarnos solo en los síntomas y así fortalecemos las habilidades para la vida no solo de las nuevas generaciones sino de sus familias, docentes y de todas las personas que inciden en su camino. 

Trabajamos incansablemente para promover la participación política juvenil y que con ello  ningún joven tome las armas para hacerse escuchar, y para que hoy, aquellos que decidieron dejar las armas, tengan la garantía de la vida.

Que nuestra acción los abrace y que nuestras firmas demuestren el poder colectivo que somos como país. Invitamos entonces a levantar la voz por todas las vidas que se siguen apagando en nombre de una guerra, excombatientes y soldados, civiles y policías, colombianos todos y unirnos en esta petición para asegurar la protección y seguridad de quienes firmaron el Acuerdo, las comunidades más afectadas por el conflicto armado, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos.

Firma la petición al Gobierno Nacional

Contacto para periodistas:

Nataly Erazo Ospina 
Líder de comunicaciones
3002133561
nerazo@fundacionmisangre.org

*Cifras entregadas por Indepaz a diciembre de 2020. www.indepaz.org.co