Ante la persistencia de las desigualdades y las violaciones de los derechos humanos, los movimientos de protesta a lo largo del país han sido la herramienta para mostrar el descontento de los distintos sectores que conforman la sociedad colombiana. No obstante, este ejercicio ciudadano se ha visto históricamente estigmatizado y criminalizado en mayor o menor medida de acuerdo al grado de aceptación social y gubernamental con el que cuente. Es así como la protesta social ha carecido de la protección e importancia para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia.